Clasificación

Respecto a la clasificación, las residencias se pueden dividir según distintos criterios: tamaño, influencia social, mayor o menor grado de especialización asistencial, tipo de residentes, de financiación y calidad asistencial.

Asimismo, los precios dependen de muchos factores: la titularidad de la residencia (privada, concertada o pública); las características del anciano y la atención que requiera (válido o asistido); la calidad de la habitación, y (sólo en las públicas y concertadas) también de la capacidad económica del residente.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social inspeccionará este año la totalidad de las residencias de personas mayores de la comunidad autónoma, tanto públicas como privadas y concertadas. Esta es la principal novedad del Plan General de Inspección de las Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía para 2005, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. En el resto de centros y servicios la actividad inspectora alcanzará al 50% de los mismos.

El Plan General de Inspección, que se desarrolla desde 1998, tiene como objetivo garantizar los derechos de los usuarios y el cumplimiento de la normativa. Además de los controles en centros públicos, privados y concertados, esta iniciativa incluye entrevistas con sus usuarios como medida de protección para determinar, entre otros aspectos, la voluntariedad de su estancia y el grado de satisfacción con los servicios recibidos. A través del plan, la Junta también presta asesoramiento a las entidades titulares e impulsa la mejora de la capacidad asistencial a través del fomento de actividades.

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social realizó el pasado año un total de 2.270 inspecciones para controlar las condiciones de los servicios sociales. Más de la mitad, 1.317, se desarrollaron en centros y entidades de atención a las personas mayores. El resto correspondió principalmente a centros para personas con discapacidad (278); servicios sociales comunitarios (265) y protección de menores (210). Esta actividad inspectora dio lugar a la apertura de un total de 40 expedientes sancionadores, que motivaron el cierre de 17 centros, el 83% de ellos residencias de mayores.

Desde que en 1998 se puso en marcha el plan, la Administración autonómica ha realizado un total de 8.158 inspecciones, que originaron la apertura de 179 expedientes sancionadores y el cierre de 58 centros.