Es difícil obtener una plaza. De las 2.700 residencias geriátricas que existen en España, sólo 700 tienen carácter público, lo que en términos de asistencia significa que en el Inserso (que acaba de perder las competencias, pero que es aún el único organismo capaz de facilitar cifras oficiales) existen todavía unos 27.000 jubilados en lista de espera (14.000, sólo en la Comunidad de Madrid).
Ni siquiera los Centros Concertados (residencias privadas que ceden -o mejor dicho, venden- parte de su capacidad a la Administración) han podido absorber este excedente de jubilados y solucionar un problema que se agrava con el tiempo: el de las personas que, sin posibilidad de acceder a una residencia pública, no pueden tampoco permitirse el lujo de una privada.
¿Son buenas, malas o regulares las residencias públicas? De momento, como ya se ha visto, son escasas, muy escasas. De las 3,5 camas por cada 100 mayores de 65 años que prescribe el Plan Gerontológico Nacional, tenemos poco más de la mitad.
Ni siquiera los Centros Concertados (residencias privadas que ceden -o mejor dicho, venden- parte de su capacidad a la Administración) han podido absorber este excedente de jubilados y solucionar un problema que se agrava con el tiempo: el de las personas que, sin posibilidad de acceder a una residencia pública, no pueden tampoco permitirse el lujo de una privada.
¿Son buenas, malas o regulares las residencias públicas? De momento, como ya se ha visto, son escasas, muy escasas. De las 3,5 camas por cada 100 mayores de 65 años que prescribe el Plan Gerontológico Nacional, tenemos poco más de la mitad.
Burocracia: Las residencias públicas son caras (para la Administración, que las gestiona, y para los contribuyentes, que las pagamos).
Fuentes de la Federación Nacional de Residencias Privadas para la Tercera Edad aseguran que al Estado le cuestan las Residencias Públicas más de 15.000 pesetas por cama y día, cuando su valor real es de unas 5.800: exactamente el precio cama/día que cobran, también al Estado, los centros privados/concertados ?Por qué esta diferencia? Por lo de siempre: mala gestión, burocracia excesiva, exceso de personal... Las mismas fuentes afirman que existe en estos centros un absentismo laboral cercano al 33% y que, en consecuencia, los responsables de cada residencia necesitan, por si las moscas, contratar a personal de sobra.
A usted le interesa saber que para elegir una residencia pública conviene informarse sobre los medios humanos y técnicos con que cuenta. Además de los datos oficiales que pueda recabar, no está de más hablar con familiares de residentes. Y no con uno, sino con varios. Porque también es frecuente la soledad, la falta de adaptación al nuevo entorno y los achaques lógicos de la vejez lleven a algunos ancianos a mostrar todo tipo de quejas ajenas al funcionamiento del centro.
Fuentes de la Federación Nacional de Residencias Privadas para la Tercera Edad aseguran que al Estado le cuestan las Residencias Públicas más de 15.000 pesetas por cama y día, cuando su valor real es de unas 5.800: exactamente el precio cama/día que cobran, también al Estado, los centros privados/concertados ?Por qué esta diferencia? Por lo de siempre: mala gestión, burocracia excesiva, exceso de personal... Las mismas fuentes afirman que existe en estos centros un absentismo laboral cercano al 33% y que, en consecuencia, los responsables de cada residencia necesitan, por si las moscas, contratar a personal de sobra.
A usted le interesa saber que para elegir una residencia pública conviene informarse sobre los medios humanos y técnicos con que cuenta. Además de los datos oficiales que pueda recabar, no está de más hablar con familiares de residentes. Y no con uno, sino con varios. Porque también es frecuente la soledad, la falta de adaptación al nuevo entorno y los achaques lógicos de la vejez lleven a algunos ancianos a mostrar todo tipo de quejas ajenas al funcionamiento del centro.
Según el sueldo: Hasta hace relativamente muy poco, los jubilados con una renta media lo tenían más difícil que sus vecinos de arriba o de abajo porque, gracias a lo que los expertos denominan el efecto sandwich (emparedado), la Administración terminaba marginando abiertamente a los pensionistas que cobraban más en favor de los que tenían rentas más bajas. Pero cobrar algo más que el mínimo no significa cobrar mucho, de modo que tampoco podían estos pensionistas medianos permitirse el lujo de una residencia privada. Para evitar esta marginación, los responsables del Inserso (cuando aún tenían esta competencia en su poder) cambiaron de baremo y decidieron valorar, como prioridad, las necesidades asistenciales de los ancianos.
¿Válidos o asistidos?: A mayor dependencia de terceros (parálisis, alzheimer, etc..), más posibilidades de conseguir la codiciada plaza en una residencia pública.
En líneas generales, las residencias pueden ser, según el grado de dependencia de los usuarios, para válidos (equipadas sólo para acoger a personas capaces -física y mentalmente- de realizar tareas cotidianas sin la ayuda de terceros); para asistidos (todo lo contrario; equipadas para acoger a personas incapacitadas que necesitan el cuidado y la vigilancia de terceros) y mixtas (acogen a los dos grupos). Esta división es fundamental, tanto para los usuarios a la hora de solicitar su cama, como para los empresarios y gestores de residencias -públicas y privadas- ante la necesidad de analizar los costes. Así, por ejemplo, mientras que los válidos necesitan una vigilancia moderada (una persona por cada cuatro o cinco residentes) los asistidos necesitan casi el doble (como mínimo, una persona por cada tres) y mientras que la superficie mínima requerida para válidos -según la última normativa de la C.A.M., reguladora del sector en Madrid- es de 5 metros cuadrados por persona (en las zonas de uso individual), la superficie que necesitan los asistidos es de 7,5 metros cuadrados. De todos modos, se está estudiando una nueva catalogación que contemple diez categorías distintas de validez, desde los ancianos plenamente capaces a los absolutamente discapacitados . La ley determina que sólo los ancianos con enfermedades crónicas o infecto-contagiosas (necesitados, por tanto, de asistencia hospitalaria) no pueden ingresar en una residencia.
En líneas generales, las residencias pueden ser, según el grado de dependencia de los usuarios, para válidos (equipadas sólo para acoger a personas capaces -física y mentalmente- de realizar tareas cotidianas sin la ayuda de terceros); para asistidos (todo lo contrario; equipadas para acoger a personas incapacitadas que necesitan el cuidado y la vigilancia de terceros) y mixtas (acogen a los dos grupos). Esta división es fundamental, tanto para los usuarios a la hora de solicitar su cama, como para los empresarios y gestores de residencias -públicas y privadas- ante la necesidad de analizar los costes. Así, por ejemplo, mientras que los válidos necesitan una vigilancia moderada (una persona por cada cuatro o cinco residentes) los asistidos necesitan casi el doble (como mínimo, una persona por cada tres) y mientras que la superficie mínima requerida para válidos -según la última normativa de la C.A.M., reguladora del sector en Madrid- es de 5 metros cuadrados por persona (en las zonas de uso individual), la superficie que necesitan los asistidos es de 7,5 metros cuadrados. De todos modos, se está estudiando una nueva catalogación que contemple diez categorías distintas de validez, desde los ancianos plenamente capaces a los absolutamente discapacitados . La ley determina que sólo los ancianos con enfermedades crónicas o infecto-contagiosas (necesitados, por tanto, de asistencia hospitalaria) no pueden ingresar en una residencia.
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